Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La ONU pide acabar con los acuerdos de externalización que exponen a las personas migrantes

Llamamiento a los Estados para asumir su responsabilidad en materia migratoria

Un experto independiente de la ONU instó a los Estados a poner fin a los acuerdos de externalización que trasladan a terceros países funciones como recepción, detención, retorno de personas migrantes, debido a que esta práctica pone en riesgo sus derechos humanos. El comunicado advierte que estas prácticas no eximen a los Estados de sus obligaciones internacionales.

Qué es la externalización y por qué preocupa

La externalización consiste en delegar la gobernanza migratoria fuera del territorio del Estado de destino. Según el experto, estos acuerdos pueden obstaculizar el acceso al asilo, derivar en detenciones arbitrarias o prolongadas y aumentar la vulnerabilidad de las personas migrantes al quedar bajo la jurisdicción de terceros países donde los derechos humanos están más débilmente garantizados.

Principales riesgos señalados

  • Zonas de tránsito sin acceso real a servicios esenciales, asesoría jurídica o protección.
  • Elusión de obligaciones de protección por parte de los Estados que externalizan.
  • Afectación de los procesos migratorios y del derecho a solicitar asilo.

Qué pide el experto a los Estados

El pronunciamiento urge a:
  • Revisar y desmantelar los acuerdos de externalización que exponen a las personas migrantes a violaciones de derechos.
  • Garantizar que toda cooperación migratoria respete los derechos humanos, el acceso al asilo, la dignidad y los debidos procedimientos.
  • Priorizar vías seguras y regulares de movilidad, en lugar de desplazar responsabilidades a terceros países.
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