Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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La OIT alerta sobre las barreras en la contratación justa de personas trabajadoras migrantes con discapacidad

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya que las personas trabajadoras migrantes con discapacidad se enfrentan a obstáculos específicos y acumulados a lo largo de todo el proceso de contratación, lo que incrementa su exposición a la discriminación, la precariedad laboral y las prácticas abusivas.

Así lo recoge su informe técnico sobre contratación justa, que analiza vacíos normativos, déficits de datos y experiencias de buenas prácticas a nivel internacional.

Falta de datos y visibilidad sobre migración y discapacidad

El informe destaca la escasez de datos fiables y comparables sobre personas migrantes con discapacidad a nivel global. Aunque se estima que 1.300 millones de personas en el mundo tienen alguna discapacidad, no existen estadísticas sistemáticas que permitan conocer cuántas migran por motivos laborales o de protección internacional. Esta carencia limita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y dificulta la detección de situaciones de riesgo.

La OIT señala que la recopilación de datos desagregados por discapacidad, sexo, edad, estatus migratorio y nacionalidad resulta clave para mejorar la supervisión de los procesos de contratación y prevenir la explotación laboral.

Discriminación y riesgos a lo largo del proceso de contratación

Las personas trabajadoras migrantes con discapacidad afrontan barreras desde las fases iniciales de la contratación: exclusión en ofertas de empleo, evaluaciones médicas discriminatorias, falta de ajustes razonables en entrevistas y procesos de selección, así como dificultades de acceso a información clara y accesible.

El informe advierte de que estas barreras pueden empujar a muchas personas a canales migratorios irregulares o al empleo informal, donde el riesgo de abuso, trata de seres humanos, trabajo forzoso y endeudamiento es mayor.

Impacto diferenciado en mujeres migrantes con discapacidad

Desde una perspectiva interseccional, la OIT señala que las mujeres migrantes con discapacidad sufren una doble discriminación por razón de sexo y discapacidad. A nivel global, las mujeres presentan una mayor prevalencia de discapacidad que los hombres (19% frente a 12%), y están sobrerrepresentadas en sectores con salarios bajos, menor protección social y mayor informalidad.

Esta situación incrementa su vulnerabilidad frente a la explotación laboral y las situaciones de violencia y acoso en el trabajo.

Marcos normativos y papel de los acuerdos bilaterales

El informe subraya la importancia de reforzar los marcos legales y las políticas públicas para garantizar la igualdad de trato en la contratación, alineándolas con los convenios de la OIT y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, los acuerdos bilaterales de migración laboral se identifican como una herramienta clave para incorporar cláusulas de inclusión y mecanismos de seguimiento.

Asimismo, la OIT destaca el papel del diálogo social, la participación de sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad, y la necesidad de avanzar hacia prácticas empresariales responsables basadas en la diligencia debida en derechos humanos.

Recomendaciones para una contratación verdaderamente inclusiva

Entre las principales propuestas del informe figuran:

  • Mejorar la recogida y el análisis de datos sobre migración y discapacidad.
  • Garantizar procesos de contratación accesibles y libres de discriminación.
  • Promover ajustes razonables y protección social efectiva.
  • Reforzar la información, el empoderamiento y la capacidad de reclamación de las personas trabajadoras migrantes con discapacidad.
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