La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado un nuevo documento de posición en el que alerta sobre el creciente uso de los migrantes y refugiados por parte de países no pertenecientes a la UE como herramienta de presión política en las fronteras exteriores de la Unión.
El informe subraya que la respuesta de los Estados europeos debe ser legal, legítima y respetuosa con los derechos fundamentales, centrando las medidas en los responsables de esta instrumentalización y no en quienes la sufren.
La instrumentalización de migrantes y sus límites legales
Según la normativa europea, la instrumentalización de migrantes se produce cuando un país utiliza la llegada de estas personas para ejercer presión de tal magnitud que pone en riesgo funciones esenciales del Estado. En esos casos, la UE permite a los países limitar temporalmente algunos derechos fundamentales para gestionar la situación.
Sin embargo, el documento recuerda que ciertos derechos son absolutos e intocables. La prohibición de la tortura o el principio de no devolución –que impide enviar a alguien a un lugar donde su vida o libertad corran peligro– no pueden restringirse bajo ninguna circunstancia.
Cuatro líneas de actuación para responder sin vulnerar derechos
La FRA detalla cuatro áreas de actuación que los países de la UE pueden aplicar para hacer frente a esta instrumentalización respetando la Carta de los Derechos Fundamentales:
- Actuar contra los responsables de la instrumentalización: se pueden sancionar a los Estados hostiles, combatir el tráfico de migrantes patrocinado por gobiernos y limitar visados. El informe deja claro que no debe castigarse a las personas utilizadas ni a las organizaciones humanitarias que las asisten.
- Gestionar las llegadas de migrantes con humanidad: los Estados deben garantizar el acceso a los procedimientos de asilo. Con el nuevo Pacto de Migración y Asilo, podrán disponer de más tiempo para registrar solicitudes en frontera y devolver con mayor rapidez a quienes vean rechazadas sus peticiones.
- Regular la actuación de empresas de transporte: desde formar a las aerolíneas hasta suspender licencias de agencias de viajes que faciliten la llegada de migrantes, las medidas deben enfocarse en quienes se benefician del traslado hacia las fronteras.
- Evitar la militarización de la gestión fronteriza: la FRA advierte que mezclar actuaciones militares con tareas de control de fronteras puede poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales. Cualquier actuación, recuerda, debe cumplir plenamente con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
“No castigar a los migrantes, sino a quienes los usan”
La directora de la FRA, Sirpa Rautio, sintetiza el mensaje del informe:
“El uso de los migrantes como instrumento político no es nada nuevo. Pero las respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana. En lugar de castigar a los migrantes y refugiados que están siendo utilizados y abusados para obtener beneficios políticos, los países de la UE deben dirigir sus medidas hacia los actores hostiles. Algunas de las respuestas actuales a la instrumentalización pueden socavar la protección de los derechos fundamentales en las fronteras de la UE, incluido el derecho de asilo. No deben convertirse en un modelo para el tratamiento de todos los migrantes y refugiados que cruzan la frontera de manera no autorizada”.