Un modelo en expansión con graves impactos en los derechos humanos
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, ha publicado un informe en el que advierte sobre las consecuencias de las políticas de externalización de los procedimientos de asilo, retorno y control fronterizo aplicadas por distintos Estados miembros. Según el documento, estas medidas, que buscan desplazar fuera del territorio europeo la gestión de personas migrantes y solicitantes de asilo, pueden derivar en violaciones graves de derechos fundamentales.
Ejemplos preocupantes y experiencias fallidas
El informe recoge antecedentes internacionales, como la política australiana de procesamiento en terceros países, que ocasionó detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas y la muerte de varias personas, o el intento del Reino Unido de enviar solicitantes de asilo a Ruanda, bloqueado por la justicia. También analiza acuerdos recientes en Europa, como el protocolo entre Italia y Albania, que prevé el traslado de personas a centros gestionados extraterritorialmente, con implicaciones directas sobre el acceso al asilo y la privación de libertad.
Riesgos específicos: detención, vulnerabilidad y falta de garantías
El Consejo de Europa subraya que estas prácticas incrementan el riesgo de detenciones automáticas y prolongadas, a menudo en condiciones inadecuadas, y afectan de forma desproporcionada a grupos vulnerables, especialmente niños, víctimas de trata, personas con discapacidad o solicitantes con necesidades médicas. Además, el informe alerta sobre el peligro de devoluciones en cadena hacia países inseguros y la falta de recursos efectivos para recurrir las decisiones.
Llamamiento a los Estados europeos
Entre sus recomendaciones, el Comisario urge a los Estados a revisar y suspender aquellas prácticas de externalización que no puedan modificarse para garantizar los derechos humanos, y a asegurar que cualquier cooperación internacional en materia migratoria incorpore evaluaciones de riesgo, cláusulas de derechos humanos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El informe concluye que la externalización no puede convertirse en un mecanismo para eludir responsabilidades, ya que los Estados mantienen la obligación de proteger a las personas migrantes y solicitantes de asilo conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos y el derecho internacional.