La vivienda, un derecho humano negado por la discriminación racial
El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha emitido una Recomendación urgente en la que denuncia que el acceso a la vivienda en España está marcado por graves situaciones de discriminación étnico-racial. Aunque el problema afecta a la población general, es especialmente crítico entre personas gitanas, migrantes, afrodescendientes, y comunidades árabes y amazigh.
Discriminación sistemática y vulnerabilidad estructural
Las personas de estos grupos enfrentan discriminación en todas las fases del acceso a la vivienda: desde la búsqueda hasta el empadronamiento, pasando por acoso vecinal, desalojos o exclusión de servicios. Además, están sobrerrepresentadas en asentamientos chabolistas e infraviviendas. En 2022, un 24,5% más de personas vivían sin hogar que en 2012, y un alto porcentaje eran extranjeras o de origen extranjero.
Cifras alarmantes: rechazo, excusas y barreras
El último estudio del CEDRE (2025) muestra que:
- El 27,5% de las personas racializadas denunciaron que no les alquilaron una vivienda.
- Un 24,1% se enfrentó a excusas o condiciones abusivas para alquilar.
- El 22,3% no pudo empadronarse por motivos raciales o étnicos.
- El 14,2% sufrió rechazo vecinal.
- El 6% encontró anuncios con contenido discriminatorio.
Casos más frecuentes: gitanos, árabes, amazigh y afrodescendientes
El 29,2% de la población gitana y el 27,8% de la población árabe y amazigh señalan que ni siquiera les enseñan viviendas por su origen. El informe reafirma que la discriminación se apoya en prejuicios como la supuesta precariedad económica o el “mal uso del inmueble”.
Obstáculos a los derechos básicos: empadronamiento, salud y educación
Entre los casos más graves, el informe destaca:
- Negativa a empadronar a personas extranjeras en situación irregular, sin hogar o residentes en asentamientos.
- Cobros ilegales por empadronamiento.
- Dificultades en el acceso a la educación y la salud por falta de empadronamiento.
- Verificaciones policiales que generan miedo a la expulsión o a sanciones.
Asentamientos y chabolismo: una discriminación estructural
El 90% de las personas que viven en asentamientos pertenecen a grupos étnicos discriminados. Los informes de la Fundación Secretariado Gitano y CEPAIM confirman que muchas de estas personas sufren:
- Derribos ilegales.
- Impedimentos para empadronarse.
- Condiciones laborales abusivas.
- Riesgos para la salud y la vida por condiciones insalubres o catástrofes ambientales, como la DANA en Valencia.
La normativa existe, pero no se aplica de forma efectiva
El CEDRE recuerda que la Constitución, la Ley 15/2022 integral para la Igualdad de Trato, el Código Penal y diversas normativas europeas, reconocen el derecho a la vivienda sin discriminación. Sin embargo, muchas denuncias no prosperan o quedan sin resolución. Además, el informe denuncia que cuando la discriminación proviene de propietarios particulares, las vías sancionadoras son aún más limitadas.
Recomendaciones clave del CEDRE
El Consejo emite 16 recomendaciones dirigidas a las autoridades:
- Crear una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato.
- Aplicar efectivamente la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato que combate la discriminación racial.
- Unificar requisitos de acceso a la vivienda para evitar condiciones discriminatorias.
- Implicar a los Colegios de Agentes Inmobiliarios en la lucha contra la discriminación.
- Garantizar la denuncia segura y actuar frente al acoso vecinal.
- Formar a fuerzas de seguridad, operadores jurídicos y servicios sociales.
- Asegurar el empadronamiento sin trabas, también en infraviviendas.
- Seguir aplicando la Ley del Derecho a la Vivienda.
- Erradicar asentamientos mediante estrategias integrales.
- Garantizar inversiones y urbanismo inclusivo en barrios vulnerables.
- Promover la participación del tercer sector y campañas informativas.
- Impulsar estrategias de convivencia y sensibilización.
Una llamada urgente a la acción
El CEDRE concluye que no basta con asesorar a las víctimas: es imprescindible un abordaje estructural por parte del Estado para erradicar de forma efectiva la discriminación racial o étnica en el acceso a la vivienda. Una vivienda digna, adecuada y libre de discriminación es un derecho humano que debe garantizarse a todas las personas, sin importar su origen.
