La investigadora del Real Instituto Elcano, Carmen González Enríquez, analiza los desafíos del Pacto aprobado en 2024, cuya entrada plena en vigor está prevista para junio de 2026, en un escenario marcado por tendencias restrictivas en la Unión Europea.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en 2024 tras casi una década de negociaciones, surge como respuesta a las tensiones generadas desde 2015 por la gestión desigual de las solicitudes de asilo en la Unión Europea.
Su objetivo principal es establecer un marco común que permita armonizar procedimientos, repartir responsabilidades entre Estados miembros y reducir los conflictos derivados de los movimientos de personas migrantes dentro del espacio Schengen. Sin embargo, su aprobación ya evidenció divisiones internas, con votos en contra y abstenciones que anticipaban dificultades en su aplicación.
Giro político hacia posiciones más restrictivas
Desde su aprobación, el contexto político europeo ha evolucionado hacia un endurecimiento de las políticas migratorias. Este cambio se refleja tanto en decisiones nacionales como en nuevas iniciativas legislativas europeas, entre ellas el nuevo Reglamento de Retorno o la redefinición de conceptos como “país seguro” y “tercer país seguro”.
Asimismo, el auge de fuerzas políticas con discursos restrictivos y el aumento de la centralidad del debate migratorio en la agenda pública han reforzado este enfoque. En este contexto, medidas como la externalización de la gestión del asilo o las limitaciones a la reagrupación familiar han ganado protagonismo en varios Estados miembros.
Externalización y retorno: ejes de la nueva política migratoria
Uno de los cambios más relevantes es el impulso a la externalización de la gestión del asilo, facilitada por nuevas normas europeas que permiten trasladar solicitudes a terceros países considerados seguros. Esta estrategia responde, en gran medida, a las dificultades de los Estados para ejecutar las devoluciones: actualmente, solo alrededor del 20% de las órdenes de expulsión se materializan.
El nuevo marco normativo también endurece los procedimientos de retorno, amplía los supuestos de detención y acelera la tramitación de solicitudes, especialmente para personas procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento de protección internacional.
Desafíos para la implementación del Pacto
La aplicación del PEMA se enfrenta con importantes obstáculos. Entre ellos, destaca la negativa de algunos Estados a participar en los mecanismos de solidaridad, optando en su lugar por contribuciones económicas en vez de reubicaciones, lo que puede debilitar el sistema.
A esto se suman retrasos en la presentación de planes nacionales, diferencias en los ritmos de implementación y las exigencias técnicas y administrativas que implica el despliegue del Pacto, como la adaptación normativa, la creación de infraestructuras o la contratación de personal especializado.
En conjunto, este análisis señala que el Pacto, concebido como una herramienta de equilibrio y cooperación, se enfrenta a un contexto político y normativo que podría dificultar su aplicación efectiva y reforzar una orientación más restrictiva de las políticas migratorias en la Unión Europea.