El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) sitúa en 20.201 el número de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados con autorización de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2025.
El informe refleja la dimensión de este colectivo y pone el foco en su situación administrativa en el tránsito hacia la vida adulta.
Un total de 20.201 autorizaciones en vigor
Según los datos del OPI, 20.201 personas menores no acompañadas y jóvenes extuteladas disponían de autorización de residencia en vigor al cierre de 2025, lo que confirma el peso creciente de este colectivo en el sistema migratorio español, que se incrementa un 15´8% desde el 31 de diciembre de 2024.
Estas autorizaciones incluyen tanto a menores bajo tutela como a jóvenes que, tras alcanzar la mayoría de edad, mantienen su situación administrativa regularizada.
Importancia de la transición a la vida adulta
El informe pone de relieve la relevancia de los jóvenes extutelados, que representan una parte significativa del total.
La continuidad de la autorización de residencia resulta clave en esta etapa, ya que permite evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y facilita el acceso a derechos básicos en el proceso de emancipación.
Diferencias por sexo
El documento refleja un claro predominio de hombres frente a mujeres en este colectivo.
Desde una perspectiva de género, esta distribución evidencia diferencias en los procesos migratorios de chicos y chicas, así como la menor visibilidad de las trayectorias migratorias de niñas y mujeres jóvenes.
La residencia como elemento clave para la inclusión
Disponer de autorización de residencia en vigor es un factor determinante para el acceso a derechos como la educación, el empleo o los servicios públicos.
En el caso de las y los jóvenes extutelados, esta condición resulta especialmente relevante para su integración social y laboral, así como para la construcción de itinerarios de autonomía.
Un colectivo prioritario en las políticas públicas
El informe subraya la necesidad de reforzar las políticas dirigidas a este colectivo, especialmente en materia de inclusión social, formación y acceso al empleo.
La atención a esta población resulta clave para garantizar procesos de transición a la vida adulta en condiciones de igualdad y evitar situaciones de exclusión.