El Consejo Económico y Social (CES) ha publicado el Informe sobre la realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, un documento elaborado a petición delMinisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM).
En la elaboración de este informe, centrado en el análisis de la contribución de la migración al desarrollo demográfico, económico y social del país, ha participado, entre otras organizaciones, la Vicesecretaría General de Política Sindical de UGT a través del Área Confederal de Migraciones.
El informe ofrece un diagnóstico actualizado sobre la situación migratoria en España y formula un conjunto de prioridades para orientar la acción pública en un momento de transformación demográfica, tensiones geopolíticas y aumento de discursos de rechazo hacia la población de origen migrante.
La inmigración como componente estructural de la sociedad española
El documento constata que España es, desde hace décadas, uno de los principales países receptores de migración. La aportación migratoria es esencial para mantener el dinamismo demográfico y la capacidad productiva del país: una quinta parte de la población residente ha nacido en el extranjero, y el crecimiento poblacional depende casi en exclusiva de la inmigración ante las bajas tasas de fecundidad y el envejecimiento.
El CES subraya la diversidad interna de la población de origen migrante y la progresiva integración social reflejada en hogares mixtos, matrimonios interculturales y adquisición de la nacionalidad. También destaca la fuerte concentración territorial —sobre todo en áreas urbanas y en la franja mediterránea— y el papel creciente de la migración en zonas rurales para sostener su población y actividad económica.
Aportación económica: clave para el crecimiento y el sostenimiento del Estado de bienestar
El informe identifica impactos económicos inmediatos y de medio y largo plazo ligados a la migración. Tras la pandemia, la recuperación económica en España estuvo vinculada en buena parte a la participación laboral de las personas migrantes, cuya integración en el empleo amplía el potencial de crecimiento y refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones a través de las cotizaciones sociales.
El CES señala que estos efectos positivos dependen de la existencia de políticas adecuadas de integración laboral: educación y formación, políticas activas de empleo, reconocimiento de cualificaciones y conexión con las necesidades del mercado laboral. Asimismo, plantea la necesidad de más información y estudios específicos que permitan evaluar con precisión los impactos económicos de la migración.
Regularidad administrativa y derechos: avances y desafíos
La regularidad administrativa es la situación predominante entre las personas extranjeras, con un aumento significativo de las autorizaciones de larga duración y de las nacionalizaciones. A ello se suma el incremento de personas solicitantes de protección internacional, frente al cual, el CES considera urgente mejorar los procedimientos y reforzar el sistema de acogida.
El informe advierte del impacto social de la irregularidad sobrevenida y de la existencia de un volumen minoritario pero relevante de personas sin autorización, lo que agrava su vulnerabilidad. También llama la atención sobre la atención a menores que llegan solos, la necesidad de reforzar los recursos de protección y los procesos de acompañamiento y emancipación.
Reformas normativas y gestión laboral de flujos migratorios
Entre 2020 y 2024 se han producido reformas relevantes que, según el CES, han supuesto avances hacia una gestión más flexible y eficiente de la migración laboral. No obstante, el informe identifica margen de mejora: mayor claridad jurídica, actualización de las vías de arraigo y adecuación de los instrumentos que consideran la situación nacional de empleo.
El CES señala problemas persistentes en la gestión de las ofertas de empleo y en los plazos administrativos, y propone actualizar estos instrumentos en un marco de diálogo social que incorpore el papel de los interlocutores sociales en la ordenación de flujos destinados al empleo.
Administraciones: coordinación y recursos para una gestión eficiente
La gestión migratoria requiere —según el CES— una mejor coordinación interadministrativa y un refuerzo de medios personales y materiales en oficinas consulares y de extranjería. La digitalización debe ir acompañada de medidas que eviten nuevas barreras en el acceso a trámites esenciales.
Mejoras sociales, pero persistencia de la segregación
El informe muestra avances en la situación socioeconómica de las personas migrantes a lo largo del tiempo, pero mantiene que persisten brechas importantes respecto a la población autóctona, especialmente entre las personas extracomunitarias y las mujeres. Las diferencias se observan en ingresos, acceso a vivienda, carencia material, situación sanitaria y riesgo de pobreza y exclusión social.
El origen geográfico sigue siendo un factor que influye en las desigualdades, lo que exige reforzar tanto las políticas universales como las intervenciones focalizadas para prevenir impactos diferenciados en bienestar social.
Mujeres migrantes: una doble vulnerabilidad
Más de la mitad de la población migrante en España son mujeres. El informe destaca su papel esencial en el sector de los cuidados, pero también su exposición a violencias, discriminaciones y obstáculos estructurales; así como una mayor vulnerabilidad en hogares monomarentales y en situaciones de irregularidad. Señala la necesidad de políticas que aborden estos factores y garanticen igualdad de oportunidades.
Integración laboral: un elemento central del mercado de trabajo
Ocho de cada diez personas que han llegado a España en este siglo forman parte de la población activa. La migración será determinante para cubrir las necesidades laborales futuras, estimadas en 2,4 millones de empleos entre 2025 y 2035.
Sin embargo, persisten debilidades en el acceso al empleo, mayores tasas de desempleo y obstáculos relacionados con el nivel de formación o la discriminación. La irregularidad administrativa sigue siendo uno de los factores que alimenta el empleo informal.
Ocupaciones, condiciones de trabajo y formación
El informe constata que las personas trabajadoras de origen migrante se concentran en ocupaciones de menor cualificación y en sectores como el servicio doméstico, la hostelería, la construcción o el sector primario. Las condiciones laborales son más precarias: salarios más bajos, mayor parcialidad involuntaria, más subempleo y temporalidad.
El CES destaca la importancia de la formación para el empleo, la homologación de titulaciones y el reconocimiento de competencias como elementos clave para la mejora ocupacional. Reclama un esfuerzo administrativo para agilizar estos procedimientos y una actuación coordinada entre sistemas educativos, servicios de empleo y tejido productivo.
Participación en el Estado de bienestar y cohesión social
La participación de las personas migrantes en el Estado de bienestar es fundamental para la cohesión social. Su elevada participación laboral sostiene prestaciones contributivas como el desempleo, aunque la irregularidad administrativa limita su acceso a algunas ayudas. El informe identifica desigualdades en educación, sanidad, servicios sociales y vivienda, especialmente relevantes para hogares con menores.
Narrativas sociales y discursos de odio
El CES alerta del aumento de discursos xenófobos y de desinformación que influyen en la percepción pública de la inmigración, pese a que la convivencia cotidiana sigue siendo mayoritariamente positiva. Propone promover narrativas veraces y éticas que desactiven marcos emocionales negativos y refuercen la participación social y política de las personas migrantes.
Infancia, juventud y segundas generaciones
La infancia y juventud de origen migrante forman parte esencial de la sociedad española. Aunque sus trayectorias educativas y de integración muestran avances, persisten desigualdades en hogares con menores extranjeros y situaciones graves en casos de irregularidad. El informe subraya la importancia de reforzar el sistema de protección, apoyar la transición a la vida adulta y promover la igualdad de oportunidades.
Sobre las segundas generaciones, el CES constata una clara mejora ocupacional respecto a sus progenitores, aunque aún no equiparable a la población autóctona. Reclama mayor investigación para evitar la transmisión intergeneracional de desventajas.
Hacia un Pacto de Estado por la convivencia
El CES concluye apelando a la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado que consolide una política migratoria estable, basada en la regularidad, la protección de derechos y la convivencia intercultural. Un acuerdo que implique a todas las administraciones, actores sociales y medios de comunicación para afrontar un fenómeno estructural desde una visión compartida y basada en la evidencia.