Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.

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En 2024 se atendieron 1.292 casos de discriminación racial o étnica en toda España

Durante el año 2024, los Servicios de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del CEDRE (Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica) atendieron 1.292 casos de discriminación, una cifra que refleja el trabajo sostenido de la red estatal presente en todas las comunidades autónomas. La atención se prestó a través de 87 puntos de atención distribuidos por el territorio, incluyendo sedes físicas y medios telemáticos.

El 59 % de los casos de discriminación se produjo en el ámbito privado

Según recoge la memoria anual de resultados, el 59 % de los incidentes discriminatorios registrados en 2024 tuvieron lugar en el ámbito privado, lo que incluye principalmente establecimientos, servicios y espacios de uso público. El 31 % ocurrió en espacios públicos o en la calle, mientras que un 10 % se produjo en el ámbito público-institucional, lo que implica, entre otros, situaciones relacionadas con cuerpos policiales o administraciones públicas.

El 41 % de los casos denunciados se relaciona con acceso a bienes y servicios

El informe detalla que el 41 % de los casos registrados corresponden al ámbito del acceso a bienes y servicios, lo que lo convierte en el ámbito más frecuente de discriminación. Le siguen la discriminación en medios de comunicación e internet (13 %), interacciones con fuerzas y cuerpos de seguridad (12 %), empleo (9 %), educación (9 %), y vivienda (6 %). También se identificaron casos relacionados con servicios sanitarios, participación política y otros.

Las personas más afectadas por la discriminación racial en 2024 fueron de origen magrebí, personas negras africanas y gitanas

Los colectivos más afectados por los incidentes de discriminación en 2024 fueron las personas magrebíes (30 %), negras africanas (24 %), gitanas (13 %), latinoamericanas (10 %), afrodescendientes (7 %), y asiáticas (3 %). El informe también recoge casos de discriminación hacia personas árabes no magrebíes, personas blancas extranjeras, judías y musulmanas.

En el 60 % de los casos, las víctimas eran hombres, y el 62 % tenía entre 18 y 40 años

Respecto al perfil de las víctimas, el 60 % eran hombres y el 62 % tenían entre 18 y 40 años. El grupo de edad más representado fue el de 26 a 40 años (42 %), seguido por el de 18 a 25 años (20 %). Se registraron también casos que afectaron a menores (4 %) y personas mayores de 65 años (2 %).

La mayoría de los incidentes denunciados fueron perpetrados por particulares

En cuanto al perfil de las personas o entidades que ejercen discriminación, en el 69 % de los casos fueron particulares, ya sea como responsables únicos o como empleados de una empresa. Las personas jurídicas privadas fueron responsables en el 19 % de los casos, mientras que en el 12 % de los incidentes se identificó como responsable una entidad pública.

Los Servicios del CEDRE intervinieron activamente en 778 casos, logrando resultados positivos en el 40 % de ellos

De los 1.292 casos registrados en 2024, los Servicios de Asistencia del CEDRE intervinieron directamente en 778, es decir, en el 60 % del total. Las formas de intervención incluyeron asesoramiento legal, acompañamiento en trámites, mediación, presentación de quejas o denuncias y sensibilización. En el 40 % de los casos en los que hubo intervención se obtuvo algún tipo de resultado positivo, ya sea a través de resoluciones favorables, cambios en la conducta del infractor o medidas reparadoras.
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