Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.
Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son prestaciones económicas gestionadas por todas las comunidades autónomas —y por las ciudades de Ceuta y Melilla— para ofrecer una red de protección básica a las personas y familias en situación de pobreza o exclusión social.
Aunque cada comunidad les da un nombre diferente y establece sus propios requisitos, cuantías y duración, todas comparten el mismo objetivo: garantizar unos recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas y, además, ofrecer acompañamiento social, a veces vinculado a itinerarios de inserción laboral.
Estas rentas forman parte de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, tal y como permite el artículo 148.1.20 de la Constitución Española, que les atribuye la responsabilidad en materia de asistencia social.
Las RMI coexisten con otras ayudas destinadas a atender situaciones de necesidad:
Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción 2024, ese año hubo 242.820 personas titulares de estas prestaciones autonómicas, de las cuales un 47,6% eran mujeres,
Si sumamos a las personas titulares todos los miembros dependientes, las Rentas Mínimas alcanzaron a 532.070 perceptores, de los cuales el 59,28% eran mujeres.
Aunque las RMI están dirigidas a hogares sin ingresos suficientes, solo el 28,7% de las personas titulares tenía nacionalidad extranjera (68.828).
Esto significa que algo más de 7 de cada 10 titulares de rentas mínimas son españoles.
El importe medio en España fue de 574,83 €, con grandes diferencias territoriales: la cuantía básica por persona titular y mes, va desde los 328 € en Melilla hasta los 840,68 € en el País Vasco.
👉 Los datos muestran que la población extranjera soporta niveles más altos de pobreza y exclusión, incluso entre quienes trabajan.
Sin embargo, quienes se encuentran en una situación más vulnerable no son quienes más prestaciones reciben.
En 2023, solo el 28,7% de las personas titulares de RMI tenía nacionalidad extranjera, pese a que la pobreza es mucho más elevada en este grupo (43,7% entre las personas nacionales de terceros países).
La mayoría de titulares de rentas mínimas son personas españolas.
Uno de los datos más relevantes puesto de manifiesto por un informe del Consejo Económico y Social (La inmigración en España: efectos y oportunidades) es que la proporción de personas extranjeras que son titulares de Rentas Mínimas no aumenta en las comunidades donde hay más población extranjera o mayor pobreza.
Ocurre justo lo contrario:
En regiones donde la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (indicador AROPE -2024) es más alta que la media nacional (25’8%), el peso de las personas titulares de nacionalidad extranjera disminuye:
En territorios con las tasas de pobreza y riesgo de exclusión social (indicador AROPE -2024) más bajas que la media nacional (25’8%), el porcentaje de titulares extranjeros aumenta:
👉 En las comunidades con más pobreza —donde las RMI deberían tener mayor presencia por necesidad social— la proporción de titulares extranjeros es menor. Este patrón desmiente la idea de que las personas inmigrantes “acaparan” las prestaciones sociales.
Las rentas mínimas no se otorgan “por ser extranjero”. Se accede a ellas cumpliendo exactamente los mismos requisitos establecidos para todas las personas solicitantes.
El patrón es claro: en regiones con tasas AROPE más altas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia), la población extranjera no concentra las Rentas Mínimas, pese a presentar tasas de pobreza mucho muy superiores a las de la población española.
En territorios con tasas de pobreza más bajas (País Vasco, Navarra, Madrid), se observa un mayor porcentaje de titulares extranjeros, pero no porque “vayan donde hay más ayudas”, sino porque en contextos con menos pobreza, esta se concentra en las personas de nacionalidad extranjera.
Por lo que respecta a los datos del Ingreso Mínimo Vital (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), una prestación económica estatal dirigida a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de pobreza, especialmente aquellos sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, según la nómina de octubre (2025), el total de titulares era de 773.272, de los cuales el 67,88% eran mujeres.
Y del total de titulares (773.272) el 21’33% tenían nacionalidad extranjera.
El IMV alcanzó a un total de 3.301.183 personas beneficiarias, de las que el 53,82% eran mujeres y el 43,19% eran menores de edad.
Uno de los requisitos a cumplir para poder solicitarlo es la residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año anterior a la solicitud.
Este requisito se demuestra mediante:
Solo quedan exentos de acreditar ese año previo:
En regiones donde la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (indicador AROPE -2024) es más alta que la media nacional (25’8%), el peso de las personas titulares de nacionalidad extranjera disminuye:
En territorios con las tasas de pobreza y riesgo de exclusión social (indicador AROPE -2024) más bajas que la media nacional (25’8%), el porcentaje de titulares extranjeros aumenta:
👉 Las personas extranjeras no acceden “nada más llegar” al IMV. La ley exige un año de residencia legal previa y continuada. Únicamente en situaciones especialmente protegidas (violencia de género, trata o explotación sexual) se elimina el requisito del año, pero siempre se exige la residencia legal.
Los datos muestran que su peso en el IMV está muy lejos de ser mayoritario, incluso en territorios donde la pobreza es más elevada.
En octubre de 2025 había 773.272 titulares de IMV y el 67,9% eran mujeres.
Solo el 21,3% de las personas titulares tenía nacionalidad extranjera.
El IMV no es una prestación concentrada en población inmigrante.
Casi 4 de cada 10 personas beneficiarias son menores de edad (el 43’2%). El IMV actúa fundamentalmente como apoyo a familias con niños y niñas en situación de pobreza.
En regiones con tasas AROPE muy altas —Andalucía (35,6%), Extremadura (32,4%)— el porcentaje de titulares extranjeros es bajo (entre 6% y 10%).
Allí donde la pobreza es mayor, la presencia de titulares extranjeros es menor.
En comunidades con tasas de pobreza más bajas —País Vasco, Navarra, Madrid— el porcentaje aumenta (hasta el 47,8% en Navarra), porque en contextos con menos pobreza, esta se concentra en el colectivo de personas extranjeras.