Por un Trabajo Digno, es un proyecto de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT, iniciado en el año 2006 gracias a la financiación de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM), y desde el año 2007 también cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco de los distintos Programas Operativos (“P.O. Lucha contra la discriminación 2007-2013”, “P. O. de Inclusión Social y de la Economía Social 2014-2020” y “Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027 FSE+”). Este proyecto de sensibilización, tiene como objetivo prevenir la discriminación en el acceso y permanencia en el empleo así como promover la igualdad de trato en el ámbito laboral entre las personas nacionales de terceros países y la población autóctona. Entre sus acciones: sensibilizar a la sociedad mediante el Boletín Por un Trabajo Digno; informar a los trabajadores y trabajadoras sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito laboral, elaborando y difundiendo material informativo específico; y realizar campañas de sensibilización contra la discriminación y los prejuicios como la campaña #TrabajoLibreDeBulos; dedicando siempre una especial atención a las mujeres trabajadoras extranjeras no comunitarias, así como a las personas de nacionalidad extracomunitaria que se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión.
Uno de los bulos más frecuentes sostiene que las personas extranjeras “vienen a vivir de las pensiones”. Pero los datos oficiales muestran una realidad muy distinta: las personas migrantes representan un porcentaje mínimo tanto en las pensiones no contributivas como en las contributivas. Además, para acceder a una PNC se exige una larga residencia legal, y el perfil mayoritario de quienes cobran pensiones en España es claro: persona española, mayor, y en la mayoría de los casos, mujer. En este nuevo Apunte Antirracista desmontamos con cifras una de las ideas más falsas y extendidas sobre el sistema público de pensiones.
Según el informe “Perfil del pensionista de PNC y del beneficiario de PSPD” (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), en diciembre de 2024 había 460.817 pensionistas no contributivos en España.
Solo el 7,9% tenía nacionalidad extranjera (UE, EEE u otros países).
Si consideramos únicamente a las personas con nacionalidad de terceros países, el porcentaje baja aún más: 5,75%.
En todos los casos, existe una clara mayoría femenina: el 63,5% de las PNC corresponden a mujeres, con independencia de la nacionalidad.
El perfil más frecuente de pensionista no contributivo es el de una mujer española, casada, que vive en una unidad de convivencia de dos o tres personas. Aunque, analizando solo el estado civil, el grupo más numeroso es el de personas solteras, las mujeres predominan en todos los estados salvo en este.
PNC de jubilación (234.756 pensiones)
PNC de incapacidad (170.395 pensiones)
PNC de jubilación derivada de incapacidad (55.663 pensiones)
Estas pensiones corresponden a personas que ya percibían una PNC de invalidez y que, al cumplir 65 años, pasan a recibir la pensión como PNC de jubilación, tal como establece el artículo 367.3 de la Ley General de la Seguridad Social.
Para solicitar una Pensión No Contributiva (PNC) —ya sea de jubilación o de invalidez— es obligatorio cumplir un requisito estricto de residencia legal en España.
La normativa exige:
👉 Este requisito implica que ninguna persona recién llegada, ni española ni extranjera, puede acceder a una PNC.
El acceso solo es posible tras un largo periodo de residencia regular y acreditada, lo que desmonta la idea de que las personas extranjeras “obtienen pensiones nada más llegar”.
Según el informe “Evolución de las nóminas 2018–2024”, el gasto anual en PNC de jubilación e incapacidad alcanzó en 2024 los 3.411.202.982,87 euros.
Ese mismo año, 36.447 personas beneficiarias tenían nacionalidad extranjera (UE, EEE u otras).
Dado que la cuantía anual media de una PNC en 2024 fue de 7.250,60 euros, el importe total percibido por personas de nacionalidad extranjera supuso solo el 7,74% de la nómina anual de las PNC de jubilación e incapacidad.
👉 En conjunto, los datos muestran que las personas extranjeras representan una proporción muy reducida tanto en número de beneficiarios como en el peso económico dentro del sistema de pensiones no contributivas, muy lejos de la percepción de un uso masivo o desproporcionado.
👉 Las PNC no se obtienen “nada más llegar”.
Para acceder a ellas es obligatorio acreditar 10 años de residencia legal en España, y 2 de ellos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.
Este requisito imposibilita que las personas recién llegadas puedan acceder a una PNC.
En 2024 había 460.817 pensionistas no contributivos, y solo el 7,9% tenía nacionalidad extranjera.
Si se consideran únicamente personas nacionales de terceros países, el porcentaje baja al 5,75%.
En términos económicos, las PNC percibidas por personas extranjeras representan solo el 7,74% de la nómina anual del sistema.
Su peso en las PNC es muy inferior al nivel de pobreza que soportan.
El 63,5% de las pensiones no contributivas corresponden a mujeres, principalmente españolas, en hogares de dos o tres personas.
Los datos muestran un perfil completamente distinto al que aparece en los bulos.
Según el Censo Anual de Población del INE (1 de enero de 2024), en España viven 9.928.368 personas de 65 años o más, el 20,4% de la población total.
Sin embargo, solo el 5,1% de ellas tiene nacionalidad extranjera (508.847 personas).
👉 Esto significa que el 94,9% de las personas en edad de jubilación son españolas.
La diferencia de perfil demográfico es muy clara:
👉 La población extranjera es, en conjunto, más joven que la española, por lo que su peso entre las personas pensionistas de jubilación es necesariamente muy reducido.
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (nómina de octubre de 2025), en España se pagaron 10.276.227 pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar) a personas residentes en España.
De ellas:
Si miramos únicamente las pensiones de jubilación (6.543.376 en total):
👉 En conjunto, estos datos muestran que la población extranjera representa un porcentaje muy reducido entre las personas con pensiones contributivas.
Su peso en el sistema es mínimo y muy inferior al de la población española, lejos de la idea de que las personas inmigrantes “cargan” o ponen en riesgo la sostenibilidad de las pensiones.
👉 Las personas extranjeras no “ponen en riesgo” el sistema de pensiones.
Su peso real entre las personas pensionistas contributivas es mínimo y está muy por debajo de su presencia demográfica en España.
En la nómina de octubre de 2025, de 10,27 millones de pensiones, apenas 158.017 correspondían a personas con nacionalidad extranjera. Son cifras incompatibles con la idea de que “las persnas extranjeras cobran muchas pensiones”.
De 6,54 millones de pensiones de jubilación, solo 83.199 (el 1,27%) eran para personas extranjeras.
Las pensiones de jubilación recibidas por este grupo suponen únicamente el 0,56% del total. Su peso en el sistema es residual.
Solo el 7,8% de las personas con nacionalidad extranjera tiene 65 años o más, frente al 22,3% de quienes tienen nacionalidad española.
Es decir: la gran mayoría aún está en edad activa, no en edad de jubilación.
Mientras la cuantía media del sistema es de 1.325,85 €, las pensiones de personas extranjeras suelen ser significativamente menores, especialmente entre quienes provienen de terceros países, como Europa (no UE), Latinoamérica, África y Asia, que no llegan a los 880€.
👉 Los datos son claros: la presencia de personas extranjeras en el sistema de pensiones contributivas es muy reducida.
Las cifras reales no respaldan la idea de que las personas inmigrantes “cargan” el sistema ni justifican los bulos sobre un supuesto impacto negativo en su sostenibilidad.